Especialistas en salud pública describen como “masivas” las maniobras de presión en el diseño de la norma que entrará en vigor en 2016

JAIME PRATS / NOTICIA MATERIA

La industria del tabaco ejerció una “masiva” campaña de presión durante el desarrollo de la directiva antitabaco en la que recurrió a maniobras tales como el empleo de entidades interpuestas a las que las tabaqueras financiaron para que defendieran sus intereses, o a relaciones privilegiadas en la sombra con altos cargos de la Comisión Europea.

Lo describe la revista Tobacco Control, del grupo editorial que publica el British Medical Journal, en un artículo en el que relaciona estas prácticas con algunos de los éxitos conseguidos por las multinacionales del sector a la hora de retrasar el desarrollo de la norma o de eliminar algunos de sus aspectos más polémicos incluidos en los primeros borradores. Por ejemplo, la prohibición de tener expositores de productos relacionados con el tabaco en los estancos (algo que ya aplican Australia, Nueva Zelanda o Canadá) o introducir los paquetes de cigarrillos genéricos, es decir, sin logos ni colores corporativos, más allá de la marca estricta y los mensajes de los riesgos del tabaco para la salud.

La directiva ha sido descrita como la que más atención ha recibido en la historia de la UE por parte de los grupos de interés. “Las presiones fueron tremendas”, recuerda el exeurodiputado socialista y antiguo miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Sanidad y Alimentación de la Eurocámara Andrés Perelló.

Con todo, la nueva directiva, que comenzarán a aplicar los países miembros en 2016, representa un avance respecto a la actual (de 2001), al extender las advertencias sanitarias al 65% de la superficie de las cajetillas (ahora ocupan el 50%), prohibir los cigarrillos de sabores (mentolados, por ejemplo) o expresiones como “light”, “natural” o “suave”, entre otras medidas.

El artículo, elaborado por investigadores de las universidades de Bath, Oxford y de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, se sustenta en la información extraída de más de 600 documentos procedentes de diversas fuentes. La principal son las 581 respuestas remitidas por el portal de la transparencia británica (freedom of information requests). También se han revisado una treintena de filtraciones obtenidas de Philip Morris International, una veintena de escritos relativos a las compañías tabaqueras a los que se ha accedido a través de la Biblioteca del Legado de Documentos sobre el Tabaco (Universidad de California, San Francisco) y comunicados de la Comisión, el Consejo el Parlamento Europeo, entre otros.

Los autores, entre los que se encuentra Martin McKee, el presidente de la Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA, por sus siglas en inglés), recurren al relato de David contra Goliat para explicar el comportamiento que tuvieron los lobbies impulsados por la industria del tabaco. “Solo Philip Morris International desplegó a 160 lobbistas; además al menos siete de los miembros de los grupos de presión de la industria eran antiguos políticos o funcionarios de la Unión Europea”, relata el documento.

Los investigadores destacan  el acceso que tuvo la industria del tabaco a los más altos niveles del poder político y legal de la UE

A ello añade lo que el artículo denomina el “third party lobbying”, una maniobra que consiste en trasladar los intereses de una posición a través de terceras entidades ajenas y, en principio, aparentemente independientes. Los investigadores identificaron a 137 organismos que se opusieron a la directiva antitabaco. En 51 de ellos – “con intereses y acciones coincidentes con la estrategia de Philip Morris”- se detectaron relaciones financieras ligadas a la industria del tabaco.

La tramitación del texto por parte de la Comisión Europea, en su etapa previa a su paso por el Parlamento, es uno de los aspectos que más recelos levantan entre los investigadores. En especial por el acceso que tuvo la industria “a los más altos niveles del poder político y legal de la UE, gracias [a la intercesión] de antiguas autoridades europeas”.

Especial atención merecen las reuniones que mantuvo entre los años 2010 y 2012 el servicio jurídico de la Comisión con Michel Petite, quien hasta 2008 fue director general de este mismo servicio y que, durante los encuentros, defendía los intereses de Philip Morris. Otro ejemplo son las “hasta 12 reuniones relacionadas con la directiva europea” que mantuvieron miembros de la secretaría general, los servicios jurídicos y el gabinete del ex presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso con representantes de la industria entre 2010 y 2012, “ninguna de las cuales fueron hechas públicas”, destacan los autores del artículo.

“Este aspecto llama especialmente la atención, me preocupa que haya habido repetidos contactos no comunicados”, destaca José María Martín Moreno, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Valencia y consultor de la OMS.

Como cualquier grupo, nosotros dimos a conocer nuestra posición sobre la directiva a la Comisión

Philip Morris International

En respuesta a este diario, ante las continuas referencias que el artículo hace de Philip Morris International, fuentes de la compañía señalan que la Comisión “invitó a una serie de partes interesadas a compartir sus puntos de vista en el proceso de consulta” de la directiva, entre las que estaba la industria, además de ONG, grupos de interés y otros expertos en la materia. “Creemos que este diálogo es necesario para un proceso de toma de decisiones debidamente considerado e informado”, añade. “Y como cualquier grupo, nosotros dimos a conocer nuestra posición al respecto”.

Además, lamenta la alusión de los 160 lobbistas “que ha sido rectificada hace dos años y continúa siendo el foco de los ataques de los grupos antitabaco”. La tabaquera señala que la redacción final de la directiva “es decepcionante, motivo por el cual está recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE”.

El artículo apunta al procedimiento inteligente para la elaboración de normativa desarrollado por la UE -unos mecanismos destinados a simplificar los trámites administrativos y legislativos que contempla la participación de todas las partes implicadas en el proceso de tomar de decisiones- como origen del problema. Si se desvirtúan los objetivos originales, el procedimiento, “permite a los intereses de las grandes corporaciones ejercer una influencia excesiva, en especial en cuestiones de salud pública”, señala el artículo. En ello coincide Martín Moreno: “El trabajo es interesante, habrá que estar atentos para que en futuros debates de salud pública no suceda lo mismo que ha pasado con esta directiva y se cede a intereses espurios”.