El impuesto sobre las bebidas azucaradas

El consumo de bebidas azucaradas es muy elevado y tiende a crecer en la mayoría de países del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en algunos países más del 40% de los adolescentes las consumen cada día. Como promedio, una lata de bebida azucarada contiene alrededor de 40 g de azúcar (equivalente a 10 cucharaditas). Esta cantidad es superior a la ingesta diaria de azúcar que la propia OMS recomienda (6 cucharaditas). Estas bebidas producen un aumento de la obesidad y están asociadas a un mayor riesgo de tener diabetes, enfermedades cardiovasculares, caries dental, y otros problemas de salud.

Según un estudio publicado en ‘The Lancet’, el número de niños, niñas y adolescentes obesos ha pasado de 11 millones en 1975 (menos del 1% de la población) a 124 millones en 2016 (5,6% de las chicas y 7,8% de los chicos). Estos aumentos varían según el país; pero hay que señalar que en los continentes africano y asiático aún hay más niños, niñas y adolescentes con bajo peso, debido a la desnutrición, que obesos.

Entre las medidas para reducir el consumo de bebidas azucaradas, la OMS recomendó la creación de un impuesto sobre estas bebidas. Esta política fiscal se ha extendido a muchos países del mundo. Diferentes estudios científicos han evidenciado que este impuesto se traduce en reducciones significativas en las ventas y la ingesta de bebidas azucaradas. Estas disminuciones pueden ser causadas por la subida del precio de la bebida, pero también debido a que la población se hace más consciente de los riesgos para la salud que representa su consumo o porque las empresas reformulan las bebidas para reducir el contenido de azúcar.

Gravar el consumo 

En Catalunya, un 10% de los menores y un 15% de las personas adultas son obesas. El año 2017 el Gobierno catalán aprobó la Ley 5/2017 que creaba y regulaba el impuesto sobre las bebidas azucaradas, única en España. A pesar del recurso que presentaron las grandes patronales del sector y la anulación este año 2019 por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del decreto que reglamentaba el impuesto (Decreto 73/2017), un posterior decreto sobre el reglamento ha sido aprobado (Decreto 13/2019) y el tributo continua aplicándose.

El impuesto grava el consumo de refrescos, sodas, zumos de fruta, bebidas deportivas, té y café con edulcorantes calóricos añadidos, energéticos, o leches endulzadas y presenta dos tarifas, una más baja para bebidas con contenido medio de azúcar entre 5 y 8 g por 100 ml, y otra más alta para las que superan los 8 g por 100 ml.

Recientemente se han publicado varios estudios que evalúan la implantación de la ley. Judit Vall y Guillem López Casasnovas, analizando los datos de una cadena de supermercados catalana (que representa el 10% del mercado) describen cómo se cumple la ley en el sentido de que el impuesto se refleja totalmente en el aumento del precio de la bebida, a diferencia de lo ocurrido en otros países, donde solo se repercute parcialmente. También describen cómo las ventas de bebidas azucaradas disminuyen un 7,7%, reducciones que son más elevadas en las áreas de Catalunya donde la obesidad es más elevada, el nivel socioeconómico es más alto y afectan más a las bebidas que tienen más contenido de azúcar. Por otra parte, aumentan las ventas de bebidas sin azúcar. El estudio de Toni Mora y colaboradores pone en evidencia cómo las familias han reducido el gasto en bebidas azucaradas.

Miguel Ángel Royo y colaboradores han analizado el consumo de bebidas haciendo una encuesta a una muestra de personas de 12 a 40 años de barrios de bajo nivel socio-económico de Barcelona y Madrid, antes y después de la implantación de la ley catalana. Las personas de Barcelona han declarado reducir el consumo de bebidas azucaradas en un 39%, comparando con Madrid, mientras que el consumo de bebidas no azucaradas está estable en las dos ciudades. El motivo de haber reducido el consumo en Barcelona ha sido, sobre todo, el mayor precio.

Por otra parte, los fabricantes de bebidas azucaradas, tras la implantación de la ley, han ido reformulando sus productos hacia bebidas con menor contenido de azúcar.

Toda esta evidencia apunta a los buenos resultados para mejorar la salud pública derivados de la implantación del impuesto, aunque hay que tener en cuenta que es una tasa regresiva, o sea, que no grava más a las personas de mayor renta. Evidentemente, este impuesto debe ir acompañado de otras medidas, como, por ejemplo, el control de la publicidad, el etiquetado o la reducción de la oferta de bebidas azucaradas en entornos frecuentados por adolescentes.

La autora de este artículo forma parte de la Red de Científicas Comunicadoras de El Periódico.