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Miles de horas de docencia se han cubierto, como quien pone parches, con la figura del profesor asociado

OLGA MARGALEF | Artículo original

Mis alumnos me escuchaban sorprendidos cuando les contaba por qué secundaba la huelga del 28 de mayo. Una huelga a la cual estábamos convocados el personal investigador en formación y también el profesorado asociado. Me escuchaban con estupefacción porque, aun siendo de una generación que creció con el fantasma de la crisis, no podían imaginar que las condiciones de gran parte de sus profesores de universidad fueran tan y tan precarias.

Les sorprendió saber, por ejemplo, que alrededor del 50% del profesorado que tenían eran asociados. Inicialmente se diseñó esta figura contractual para que profesionales externos a la universidad pudieran ejercer docencia de forma temporal. Un contrato para fichar especialistas de reconocida trayectoria a quien se invita a dar un temario muy concreto y aplicado. Pero el contexto de infrafinanciación que sufre la universidad pública ha hecho que este contrato pasara de ser minoritario a aumentar de forma exponencial por ser el contrato más barato, precario y volátil. Las jubilaciones de la última década se han traducido a un desierto de nuevas plazas y miles de horas de docencia se han cubierto, como quien pone parches, con la figura del asociado.

Falsos autónomos

Estamos hablando de profesores que por dar 18 créditos anuales (un profesor titular da de media 24 al año) cobramos entre 400 y 800 euros al mes, según las categorías que contemple cada universidad. Unos pocos afortunados llegan a ser mileuristas. El resultado es que con el sueldo anual de un profesor titular se pueden contratar cuatro asociados. Pero es que, además, la exigencia de horarios y dedicación de la enseñanza universitaria deja poco margen para la compatibilidad laboral y un importante porcentaje acaban siendo falsos asociados, dedicados exclusivamente a la vida académica pero forzados a hacerse autónomos o combinando intermitentes tareas vinculadas a la investigación en la misma universidad. Aunque no se contemple sobre el papel, acabamos haciendo tareas estructurales e imprescindibles para los departamentos. Y mientras algunos llevan una década encadenando contratos a sueldo misérrimo sin beneficio por su antigüedad, otros no aguantan más de dos o tres años, por lo que los departamentos tienen que renovar constantemente sus plantillas.

El pasado 30 de mayo el Parlament aprobó una moción sobre precariedad con un punto sobre nuestra situación laboral en que se especificaba la necesidad de “realizar, antes que finalice el presente año, un estudio sobre supuestos de fraude de ley en la contratación del profesorado asociado de las universidades públicas catalanas” y de tomar medidas en consecuencia. Sin embargo, la abstención de los dos partidos del Govern deja bien claro que esta no será una prioridad del Ejecutivo de Quim Torra. La otra cara de la moneda de la falta de inversión que denuncian las universidades catalanas son los precios que pagan los alumnos. En este caso, el Parlament también instó al Govern a actuar en el 2016. Concretamente a bajar un 30% las tasas universitarias. El resultado ha sido una parálisis política y el mantenimiento de unos precios prohibitivos para un porcentaje importante de la población. Esto ha empujado a los estudiantes a impulsar una ILP para conseguir la merecida rebaja. Y es que el precio del crédito ha subido un 66% desde que empezó a escalar en el 2012, bajo el Gobierno de Artur Mas.

La universidad pública catalana ha sido el último medio siglo un espacio accesible a las clases populares, un motor de conocimiento y una plaza abierta al pensamiento crítico y a fértiles movimientos sociales. Hoy en día todo lo que representa está en quiebra debido a una desinversión crónica. Sacamos pecho cuando las universidades catalanas se listan entre las mejores del mundo, pero desde dentro sabemos bien a qué precio. La tan en boca de todos “universidad de excelencia” será un espejismo mientras sigamos consintiendo tal precariedad entre docentes y matrículas tan elevadas. El sistema se sostiene por la inercia de las últimas décadas y una gran vocación de parte del personal docente. Pero queda poco para llegar a un punto de no retorno. Si no se prioriza una nueva política de inversión para las universidades públicas de forma urgente, el sistema universitario público catalán colapsará de forma irremediable.

Miembro de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire e investigadora y geóloga del Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals, CREAF. Miembro de la Red de Científicas Comunicadoras.