La forma con la que se crean y comercian los alimentos está relacionada con el aumento de las enfermedades crónicas

CARME BORRELL | Artículo original

Tanto el hambre como la obesidad son problemas importantes de salud pública. Según el informe Seguridad en la alimentación y la nutrición en el mundo de Naciones Unidas del 2018, 821 millones de personas están subalimentadas, mientras que 672 millones de personas adultas padecen obesidad. Para entender las causas de los problemas nutricionales hay que analizar el papel de la industria alimentaria global. El año 2013, el informe Tras la marca de Oxfam Intermón ponía en evidencia que las 10 grandes marcas de la alimentación (Associated British Foods, Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International, Nestlé, PepsiCo y Unilever) generaban unos ingresos de 1.100 millones de dólares al día y representaban un 10% de la economía mundial. Como ejemplo, cada segundo se toman en el mundo 5.500 tazas de Nescafé y 19.400 bebidas de Coca-Cola. Estas industrias se han ido focalizando cada vez más en los países de bajos ingresos, donde están aumentando las ventas de forma espectacular. Son responsables de las bebidas ricas en azúcares y los alimentos procesados con bajo contenido en fibras y micronutrientes, enriquecidos con azúcar, sal y grasas, y por lo tanto están relacionadas con el aumento de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Oxfam analiza si estas 10 grandes industrias protegen la no discriminación de la mujer, a los pequeños agricultores, las personas que trabajan en la agricultura, el agua, la tierra, el cambio climático y la transparencia, y va haciendo un seguimiento desde 2013 para ver cómo las industrias han avanzado en estos objetivos. En el 2013 solo una industria alcanzaba la mitad de la puntuación, mientras que en el 2016 ya eran cuatro. Pero hay un gran camino por recorrer. Un ejemplo es cómo Coca-Cola a menudo extrae el agua para producir las bebidas en zonas donde es muy escasa y donde el refresco azucarado acaba costando casi lo mismo que el agua para beber.

El poder escondido 

Martin McKee y David Stuckler definen el poder escondido y a veces invisible que ejercen las grandes corporaciones, y entre ellas las alimentarias. Estos conglomerados promueven, a través de la comunicación pública, la visión de que la alimentación depende sobre todo de las conductas individuales de las personas y no de los factores del contexto, lo que legitima la no intervención por parte de los poderes públicos sobre esta industria. En segundo lugar, inciden en el establecimiento de las normas, ya que tienen poder sobre los gobiernos para influir en la regulación legal que los alcanza. Así, personas que trabajan en las corporaciones forman parte de los comités que deciden sobre temas alimentarios, o personas que han estado en el gobierno pasan a formar parte de la industria (puertas giratorias). Por otra parte, la industria ejerce como lobi para actuar sobre los intentos de regulación, y también da apoyo financiero a estudios científicos para obtener resultados favorables a sus productos. Finalmente, y en relación a los derechos políticos, económicos y sociales, algunas de estas corporaciones incurren, por ejemplo, en la desprotección de sus trabajadores, consienten el trabajo infantil, no pagan precios justos por los productos o acaparan la tierra.

El papel de la salud pública

Los objetivos de la industria alimentaria, basados en obtener más beneficios, difícilmente serán compatibles con los de la salud pública. El papel de la salud pública es importante para ayudar a combatir las narrativas imperantes y hacer entender la importancia de los determinantes sociales de la salud, o sea la importancia del contexto. Es imperativo, por ejemplo, poder disponer de alimentos saludables a bajo precio y no solo centrarse en cambiar los hábitos de las personas. Es necesario también promover políticas que favorezcan la alimentación saludable, como por ejemplo la implementación de tasas más altas sobre productos alimenticios manufacturados o sobre las bebidas azucaradas. Además, se espera de la salud pública el apoyo a las comunidades o localidades que desarrollan políticas para controlar a las corporaciones, investigando, evaluando y comunicando los resultados obtenidos. Y, finalmente, hay que hacer abogacía junto a movimientos que ya están trabajando para acotar las malas prácticas de la industria alimentaria y presionando a los gobiernos. Si profesionales de la salud pública ponemos en marcha estas acciones, ayudaremos a avanzar en el fomento de la alimentación suficiente y saludable para toda la población.

La autora de este artículo forma parte de la Red de Científicas Comunicadoras.